En una carta dirigida al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand, el reconocido abogado penalista Marcelo Peña solicitó la creación de una unidad fiscal especializada en delitos relacionados con la protección de servicios públicos. Esta propuesta surge en respuesta al alarmante incremento de robos y fraudes que afectan a la red eléctrica y, por ende, a la seguridad de la comunidad.

Peña, en su carácter de letrado matriculado del Colegio de Abogados de La Plata y miembro del Instituto Criminalidad Económica, expone que la situación ha alcanzado niveles críticos. "Los robos de energía y de materiales asociados no solo generan daños patrimoniales, sino que también ponen en peligro la vida de ciudadanos, especialmente niños y adolescentes que a menudo son víctimas de electrocuciones", advirtió.

El abogado destacó que esta problemática se ha intensificado, impulsada por organizaciones criminales que operan de manera organizada. En su carta, cita a expertos como el Dr. Santiago Garrido, secretario del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca, quien señaló la existencia de una "asociación ilícita" dedicada al robo de cobre y otros materiales, que luego son comercializados de manera ilícita.

Peña propone que la nueva unidad fiscal no solo se encargue de investigar estos delitos, sino que también coordine esfuerzos con organismos policiales y gubernamentales para establecer políticas investigativas más efectivas. "Concentrar la investigación en manos de fiscales especializados permitirá detectar patrones delictivos y optimizar la respuesta del sistema judicial", argumentó.

La creación de esta unidad fiscal, según Peña, no solo se basa en la urgencia de abordar el flagelo del robo de servicios públicos, sino también en la necesidad de proteger a la ciudadanía y garantizar la integridad de los servicios esenciales. Se propone, además, la formación de una Mesa de Trabajo con la participación del equipo técnico del Instituto para abordar esta problemática de manera integral.

Este llamado a la acción se enmarca en un contexto donde la seguridad y el acceso a servicios básicos se convierten en un derecho fundamental para todos los ciudadanos. La propuesta de Marcelo Peña podría ser un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado y en la defensa de los derechos de la comunidad bonaerense.