En un contexto cada vez más alarmante, La Plata se enfrenta a una crisis de seguridad que ha dejado a sus habitantes en un estado de constante miedo e incertidumbre. Los índices de delitos, desde robos hasta escruches y entraderas, han aumentado drásticamente, lo que ha llevado a los ciudadanos a cuestionar la eficacia de las autoridades locales.

La pobreza y el desempleo se han vuelto problemas endémicos en la región, exacerbando una situación ya crítica. Muchos platenses se ven obligados a convivir con la angustia diaria de salir a la calle, sabiendo que son potenciales víctimas de los motochorros, que operan con total impunidad. La sensación de desprotección se siente en cada rincón de la ciudad, donde los vecinos ya no pueden sentirse seguros ni en sus propios hogares.

La corrupción en las instituciones también ha sido señalada como un factor que alimenta este ciclo de violencia y delincuencia. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha generado un ambiente propicio para el crimen, donde los recursos destinados a la seguridad parecen diluirse entre prácticas corruptas y negligencias.

A medida que la situación empeora, los platenses claman por soluciones efectivas y urgentes que no solo enfrenten el problema de la inseguridad, sino que también aborden las raíces de la pobreza y el desempleo que afectan a la comunidad. Sin acciones concretas, La Plata podría continuar descendiendo en un espiral de desesperanza.

A todo esto, el intendente Julio Alak, gasta 450 millones de pesos, dinero que sale del bolsillo del vecino que contribuye con sus impuestos, en comprar desmalezadoras, motosierras, sopladoras, cortadoras de césped, grupos electrógenos, soldadoras y más. También cartelería de señalamiento para la vía pública. ¿Más claro?