Pedro Marcelo Bardella fue identificado como uno de los integrantes de una organización dedicada a la explotación económica de mujeres en situación de vulnerabilidad, incluidas varias personas travestis y trans. Junto a un conocido martillero, condenado y fallecido, alquilaban propiedades para que estas mujeres ejercieran la prostitución, a cambio de una alta compensación económica. Este caso generó un gran revuelo en la ciudad, tanto por las personas involucradas como por la naturaleza de la operación.

Bardella, albañil y persona de confianza de Fernando Mercerat, propietario de una inmobiliaria con su nombre y con años de trayectoria, pasó de realizar reparaciones en los inmuebles a cobrar la renta de los lugares donde las inquilinas ofrecían servicios sexuales. Una parte considerable de esos ingresos era para Mercerat y su grupo.

La detención de Mercerat y Bardella en 2022 causó gran impacto, y Mercerat aceptó un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad, recibiendo una condena de 5 años y 6 meses de prisión. En junio de 2024, Mercerat falleció debido a una enfermedad, lo que provocó diversas reacciones en redes sociales.

Recientemente, Bardella completó su condena de 4 años y 4 meses de prisión por su rol como partícipe necesario. Durante el proceso, tuvo detención domiciliaria y permisos laborales, representado por los abogados Christian Parodi y Fernando Palazzo.

El juez Claudio Bernard firmó la resolución que ordenó su liberación, tras certificar que no tenía asuntos pendientes con otros tribunales ni órdenes de captura activas. Una vez liberado, se suspendieron todos los controles estatales sobre él.

Según el expediente judicial, entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de junio de 2020, Mercerat, junto a un grupo indeterminado de personas, cometió los delitos mencionados. Las víctimas, mujeres adultas y personas travestis, fueron explotadas debido a su vulnerabilidad, ya sea por su identidad de género y dificultades laborales, o por necesidades económicas, como el mantenimiento de sus hijos.

Para llevar a cabo la explotación, Mercerat exigía a las víctimas sumas de dinero semanales o diarias, desproporcionadas en comparación con las rentas del mercado, sin documentación que respaldara los contratos o pagos, utilizando métodos de pago coercitivos, como amenazas de desalojo.