La Secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Marina Mongiardino, quien también preside el Colegio de Abogados local, ha presentado una denuncia penal contra la gestión anterior, liderada por Julio Garro. La acusación se centra en supuestas irregularidades en la autorización y promoción de urbanizaciones privadas en el municipio. Se mencionan presuntos delitos, tales como "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" (Art. 248 y 249 del Código Penal argentino), así como "enriquecimiento ilícito" (Art. 268) y "cohecho" (Art. 256).

La denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Diario Gran La Plata, destaca que se estima una ganancia de U$D 1.500.000.000 por los loteos irregulares, lo que podría implicar la comisión de delitos de corrupción y permitir el crecimiento descontrolado de urbanizaciones ilegales en áreas donde no estaba permitido.

Mongiardino también señala que, por la obligación del municipio de cubrir un costo de aproximadamente $700.000 millones—equivalente al presupuesto municipal para obras públicas de 22 años—, se justifica investigar posibles delitos de administración fraudulenta en detrimento del Estado (Art. 174, inc. 5 del Código Penal).

Adicionalmente, se plantea investigar delitos ambientales, ya que las urbanizaciones ilegales afectan zonas rurales, incluidas áreas frutihortícolas de alta fertilidad, en contravención a la ley 12.076 (Código de Faltas Ambientales) y la ley 11.723, que protege el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires.

El documento, que ya ha sido presentado a la Justicia Penal de La Plata, menciona que, como vecinos y actuales gobernantes, han observado el crecimiento desproporcionado de Barrios Cerrados, Semi Cerrados y Abiertos. Se argumenta que las irregularidades en la aprobación de estos loteos han evidenciado un plan sistemático para la creación de urbanizaciones ilegales, en violación del Decreto Ley 8912/77 y la Ordenanza Municipal 10703/10.

La Ordenanza 10703 regula los desarrollos urbanísticos, buscando asegurar que cumplan con las normativas urbanísticas y ambientales locales. Mongiardino sostiene que la falta de cumplimiento normativo no solo constituye una infracción, sino que también compromete el ordenamiento territorial y el acceso equitativo al suelo.

Se menciona una "omisión deliberada" en la obtención de los permisos administrativos necesarios para avanzar en estas obras, sugiriendo que estas acciones no se realizaron sin algún tipo de beneficio.

La denuncia subraya que el Ejecutivo Municipal otorgó permisos y autorizaciones sin el consentimiento necesario de la Provincia, lo que ha generado un cúmulo de tramitaciones irregulares con serias repercusiones territoriales. Se estima que los proyectos derivados de estas decisiones han impactado a miles de vecinos y afectado el equilibrio urbano y ambiental de la región.

Mongiardino concluye que el comportamiento de los funcionarios de la gestión anterior no solo revela un desprecio por la ley y el bienestar comunitario, sino que también propició un esquema que perjudica el interés público, con implicaciones económicas, sociales y ambientales de gran preocupación. La denuncia resalta que las acciones de esos funcionarios no fueron meramente negligentes, sino parte de un plan sistemático para la urbanización ilegal con miras a obtener beneficios económicos personales.