En la administración de Axel Kicillof, las denuncias contra sus funcionarios se multiplican, especialmente en lo que refiere a la gestión de aquellos provenientes del espacio político del PRO. En este contexto, se apunta a una serie de irregularidades y actitudes cuestionables que no solo afectan la moral de los trabajadores, sino que también evidencian un clima de impunidad que parece prevalecer en algunos sectores del gobierno provincial.

Uno de los nombres que más resuena es el de Gustavo Cañete, actual Director Provincial de Mantenimiento de la Dirección General de Cultura y Educación. Cañete, que pertenece a la gestión de 2015 bajo la dirección de Alejandro Finocchiaro (actual diputado nacional), sigue en su puesto a pesar de los escándalos y las críticas. A pesar de las tragedias ocurridas en el pasado, como la explosión de gas que causó la muerte de dos trabajadores en la escuela primaria N° 49 Nicolás Avellaneda en Moreno en 2018, Cañete sigue siendo ratificado en su cargo, incluso con el respaldo de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

La tragedia de Moreno, que expuso las deficientes condiciones de infraestructura escolar en la provincia, quedó en el recuerdo de los trabajadores y familiares de las víctimas. Sin embargo, a seis años de este fatídico suceso, los trabajadores siguen exigiendo justicia, mientras Cañete y otros funcionarios continúan ocupando cargos clave en el gobierno provincial sin rendir cuentas por su negligencia.

Lo que más sorprende, además de la falta de responsabilidad, es el nivel de vida de estos funcionarios, lo que genera gran indignación en medio de las dificultades que atraviesan los trabajadores de la provincia. De acuerdo con supuestas denuncias recibidas, Cañete y otros funcionarios de la cartera educativa provincial, como Gabriel Sánchez Zinny (exministro de Educación de la provincia) y Martín Zabaleta, se habrían visto involucrados en un estilo de vida ostentoso, que incluye vacaciones en cruceros, viajes a Las Vegas y otros destinos exclusivos, todo a costa de los viáticos y las horas extras que les son retenidas a los empleados provinciales. Este nivel de opulencia contrasta drásticamente con la precariedad laboral que enfrentan los trabajadores del Estado.

Por si fuera poco, la denuncia sostiene que una serie de funcionarios de la infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires, como Fabián Cardozo y Javier Miori, también estarían involucrados en una red de viajes al exterior, compras de dólares y financiamiento de actividades políticas del nuevo PRO en la región de Almirante Brown. La situación denuncia un entramado de corrupción que involucra tanto a funcionarios locales como provinciales, y que pone en duda el destino de los fondos públicos.

En medio de este clima de desconfianza y malestar, los trabajadores se siguen preguntando por qué estos funcionarios siguen en sus cargos sin que se tomen medidas contundentes. A pesar de las evidentes irregularidades, el gobierno provincial parece hacer caso omiso a las denuncias y mantiene en funciones a aquellos que generan un gran rechazo dentro del ámbito laboral.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta cuándo seguirá la impunidad en la administración de Axel Kicillof? ¿Qué medidas tomará el gobierno provincial ante las denuncias de corrupción y negligencia que afectan a la sociedad bonaerense? Mientras tanto, los trabajadores siguen reclamando una respuesta que aún parece lejana.