El periodista e investigador independiente Fernando Míguez, en su calidad de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia penal ante la Cámara Federal contra Malena Galmarini, ex presidenta de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y su esposo, el exministro de Economía Sergio Tomás Massa.

La denuncia incluye una serie de acusaciones de corrupción institucional que involucran delitos de malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude y asociación ilícita, entre otros.

En el escrito presentado, Míguez denuncia la presunta existencia de un esquema de desvío de recursos públicos destinado a financiar eventos deportivos y sociales, tales como el Triatlón IronMan y el Challenger de Tigre, con el propósito de beneficiar a municipios alineados políticamente con la administración de Massa y Galmarini. Según la denuncia, esta maniobra habría costado al Estado alrededor de 4.800 millones de dólares.

Uno de los puntos más graves de la denuncia es la adquisición de bienes de manera irregular, como la compra de un inmueble en la calle Tucumán por USD 31.6 millones, así como la adquisición de 613 camionetas Renault Kangoo a un precio tres veces superior al valor de mercado. Estas operaciones, según Míguez, evidencian un uso indebido de los recursos de AySA, una empresa que debería estar centrada en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y no en actividades ajenas a su misión.

El escrito también menciona otras irregularidades, como la contratación de servicios sin la debida justificación y la falta de transparencia en los procesos de licitación y adquisición. Ante estos hechos, Míguez solicita a la Justicia que se inicie una investigación para esclarecer las responsabilidades de Galmarini, Massa y otros funcionarios involucrados, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

La denuncia también pone de manifiesto lo que considera una práctica sistemática de nepotismo en la administración pública, comparando el caso con la reciente designación de Karina Milei como secretaria general de la Presidencia, señalando que este tipo de nombramientos, que vinculan a familiares de los poderosos con cargos de alta responsabilidad, perpetúan una "casta" corrupta dentro del sistema político argentino.

A través de esta denuncia, Míguez busca no solo la sanción de los responsables, sino también la protección de los derechos de los ciudadanos y la restauración de la confianza en las instituciones públicas.