En el mundo gremial, es conocido que varios sindicatos buscan tener acceso directo a las "cajas" dentro de los ministerios. Mientras en áreas como Cultura o Salud se relacionan con salas de teatro y becas, en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) se han registrado prácticas inusuales que incluyen desde la manipulación de "compras fantasmas" hasta la intervención directa del gremio UPCNBA en la conducción histórica del sector educativo.

Esta intervención, lejos de ser una acción destinada a resolver problemas dentro del gremio, se ha transformado en un acto de control absoluto sobre la DGCYE. Según las denuncias, la intervención fue orquestada por la Secretaria General, Fabiola Mosquera, quien, ante su incapacidad de conducir, habría decidido actuar de manera autoritaria, coaccionando y amenazando a los delegados, y llevando a cabo un proceso electoral irregular para los delegados en junio del año pasado. Este proceso sigue sin resolución, pero los testimonios indican que varios postulantes fueron forzados a renunciar anticipadamente.

El caso se agrava cuando se denuncia que Mosquera, antes de irse de vacaciones a Europa, decidió intervenir la histórica comisión interna con un grupo de mujeres violentas y "ñoquis" de la DGCYE, quienes, sin cumplir sus funciones, reciben sueldos elevados y disfrutan de beneficios como viajes a Disney, sin presentarse a trabajar.

A través de la intervención del gremio, se buscaba tapar las denuncias públicas, ocultar irregularidades e intimidar a los trabajadores que habían denunciado la corrupción. En colaboración con la cartera educativa, el Secretario Gremial, Juan Pablo Martín Oyarzabal, habría puesto en marcha una red de persecución para amedrentar a aquellos que denunciaban las malas prácticas y dejarlos sin trabajo, sin sueldo, o con contratos limitados.

Ante estas prácticas, surge una inquietante pregunta: ¿Es el gremio quien realmente controla la DGCYE? ¿Tienen ellos la facultad de ordenar la limitación de contratos y dejar a los trabajadores sin sustento económico? Aparentemente, frente a la debilidad de la conducción del gremio, la única forma de mantener el control es atacando la estabilidad laboral de aquellos que se atreven a levantar la voz.

La situación es aún más grave cuando se suman denuncias de abuso de poder y violencia de género. Cuatro trabajadoras valientes han denunciado estos hechos, y por orden de Mosquera, han sido trasladas de sus lugares de trabajo, una medida que no hace más que agravar la crisis interna.

A menos de dos semanas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la gestión gremial y la administración parecen mirar hacia otro lado ante las denuncias de violencia y abuso de poder. Esta situación se extiende más allá de la corrupción interna, llegando a afectar la estabilidad y derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Con pruebas claras y denuncias documentadas, se espera que las autoridades competentes, como el Gobernador, el Ministro de Educación y el Ministro de Trabajo, tomen cartas en el asunto. La lucha de los trabajadores por un mundo sin corrupción ni violencia continúa, y la esperanza es que estos hechos no queden impunes.