El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia que revoque el sobreseimiento del dirigente sindical Juan Manuel “Pata” Medina y otros acusados, y que se reanude el juicio oral por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. El pedido fue formalizado mediante un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.

Medina, su hijo Cristián Isidoro Jesús Medina, y otras ocho personas habían sido enviados a juicio oral por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión en el marco de una investigación vinculada a la UOCRA de La Plata y su relación con empresarios del sector de la construcción. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata había sobreseído a todos los acusados y declarado la nulidad de la causa, en lo que se dio a conocer como la "Gestapo antisindical", un escándalo generado por una reunión grabada en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios, empresarios y agentes de inteligencia durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En esa reunión, celebrada en 2017, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresó su deseo de crear una "Gestapo" para atacar a los gremios, y les pidió a empresarios de la construcción que presentaran denuncias contra Medina. Villegas también les indicó que ya tenía todo acordado con la "Procuración, la fiscal y el juez" para llevar adelante una persecución judicial contra el sindicalista.

A la reunión, además de Villegas, asistieron figuras como el exintendente de La Plata, Julio Garro; el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante; y varios exfuncionarios de la AFI. Los empresarios de la construcción presentes también fueron citados a indagatoria por presunta integración en una asociación ilícita. Algunos de ellos fueron procesados, aunque la Cámara Federal de Comodoro Py revocó esos procesamientos, dictando la falta de mérito.

La causa también involucra llamadas telefónicas entre los implicados y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenó la detención y procesamiento de Medina. La Justicia consideró que la investigación contra el sindicalista estuvo viciada y declaró la nulidad del proceso. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión y la causa quedó abierta.

El Procurador Casal considera que el cierre de la causa contra Medina es prematuro, ya que la trama de la reunión en el Banco Provincia aún no ha sido completamente esclarecida. En su dictamen, Casal sostuvo que el sobreseimiento de los imputados es "prematuro e infundado", dado que el expediente penal sigue abierto y el complot aún no ha sido debidamente determinado.

Asimismo, Casal refutó los argumentos sobre la imparcialidad del juez que intervino inicialmente en la causa, señalando que no se ha demostrado que sus decisiones durante la instrucción hayan sido contrarias a derecho o carentes de fundamento.

La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si acepta o rechaza la solicitud del Procurador General para reabrir la causa contra “Pata” Medina y sus acusados.