La justicia ha confirmado en las últimas horas la imputación del ex intendente de La Plata, Julio Garro, por delitos de "Asociación Ilícita", "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "falsedad ideológica de documento público" y "administración fraudulenta en perjuicio del Estado". La imputación se enmarca dentro de la causa que investiga los 400 barrios cerrados ilegales construidos en la ciudad.

La causa, que se centra en el accionar de Garro y otros ex funcionarios de su gestión, señala que estos desarrollos urbanos fueron aprobados en el Concejo Deliberante a través de una serie de irregularidades que involucraron tanto a funcionarios públicos como a empresarios privados. El beneficio económico de estos proyectos ilegales podría ascender a unos 1.500 millones de dólares.

Entre los ex funcionarios imputados se encuentran María Botta, ex secretaria de Planeamiento Urbano; Marcelo Gustavo Genoro, ex Director General de Obras Viales; y Nahuel Julián Paradela, ex subsecretario de Servicio Públicos. Además, se encuentran implicados varios empresarios, entre ellos Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).

El fiscal a cargo de la causa también ha solicitado investigar una documentación relacionada con sobreprecios en la obra pública de un barrio cerrado en La Cañada, City Bell. Según los documentos de la causa, los barrios ilegales desarrollados en La Plata violaban la ley provincial de uso del suelo, lo que los hacía nulos.

El informe de la investigación indica que desde 2015 hasta 2023, varios funcionarios municipales, en connivencia con empresarios, facilitaron el desarrollo de estos barrios ilegales en zonas no permitidas, sin la debida autorización provincial. Este accionar resultó en un perjuicio económico tanto para los compradores de los inmuebles como para el municipio, que estima una pérdida de alrededor de 700.000 millones de pesos.

El grupo de personas implicadas habría realizado estos actos fraudulentos en beneficio propio y de las empresas desarrolladoras involucradas, con un impacto económico estimado en 1.500 millones de dólares.