En un giro judicial que ha generado gran indignación entre los vecinos de Escobar, la jueza Claudia Tatángelo ha impedido el avance del amparo presentado por ciudadanos locales para frenar la construcción de un bingo en la zona. Esta decisión, que favorece a los intereses del intendente Ariel Sujarchuk, concejales y empresarios vinculados al proyecto, ha sido vista como un claro ejemplo de cómo los intereses políticos y económicos pueden influir en los procesos judiciales.

El conflicto comenzó cuando un grupo de siete vecinos presentó, el 3 de febrero de 2025, una acción de amparo para declarar la nulidad de la Ordenanza N° 6350/2024, que habilitó la construcción del bingo. Los demandantes también solicitaron una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se resolviera la causa. El recurso fue patrocinado por el abogado Lucas Carli y asignado al Juzgado de Paz de Escobar, donde la jueza Tatángelo tomó la decisión de no admitir la vía del amparo, declarándose incompetente para entender en el caso.

En su resolución del 10 de febrero, Tatángelo instó a los demandantes a reformular su presentación de acuerdo con la ley 12.008, que regula el procedimiento contencioso administrativo. Sin embargo, a pesar de las apelaciones y esfuerzos de los vecinos por ajustar la demanda conforme a las exigencias legales, la jueza archivó definitivamente el caso el 18 de marzo de 2025, considerando que no se había cumplido con la readecuación solicitada.

La decisión ha sido fuertemente criticada por los vecinos, quienes aseguran que se les está cerrando el acceso a la justicia. "Nos están cerrando todas las puertas para evitar que esto se discuta donde realmente corresponde", denunció Lucas Carli, abogado de los vecinos. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás también confirmó el fallo de primera instancia el 27 de febrero, lo que dejó sin opciones a los demandantes.

El proyecto de construcción del bingo, que incluye un hotel, un shopping y un auditorio, está siendo levantado en una parcela residencial, a solo 200 metros de un colegio y a 50 metros de un centro de rehabilitación de adicciones. Los vecinos denuncian que la obra viola normativas previas sobre el uso del suelo y que no se han realizado los estudios ambientales correspondientes. Además, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza en un tiempo récord de solo 21 días, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso.

El proyecto ha sido impulsado por el concejal del PRO Leandro Goroyesky y cuenta con el apoyo de la gestión de Ariel Sujarchuk. Además, detrás de la obra se encuentra el empresario Daniel Angelici, conocido por su influencia en la industria del juego, lo que ha generado aún más desconfianza entre los vecinos. "Nos están imponiendo este bingo sin tener en cuenta nuestro derecho a un entorno seguro", expresó Javier Coky, presidente de la asociación de vecinos de la Ruta 26.

El trasfondo político del proyecto también ha sido un tema recurrente. El propio intendente Sujarchuk celebró la designación de la jueza Tatángelo, quien lo había respaldado públicamente, agradeciendo su apoyo durante su proceso de nominación. Este apoyo ha alimentado las sospechas de que la designación de Tatángelo como jueza de paz podría haber sido parte de un arreglo político para favorecer a los intereses vinculados al bingo.

En medio de este conflicto, las obras continúan sin mayores obstáculos, lo que pone en evidencia la creciente frustración de la comunidad, que denuncia no solo el atropello a sus derechos, sino también la falta de un proceso judicial transparente. "Es una farsa", concluyen los vecinos, mientras siguen luchando por que sus reclamos sean finalmente escuchados.