En las últimas horas, se ratificó una denuncia contra la jueza de Familia de La Plata, María del Rosario Rocca, por "parcialidad manifiesta". El reclamo fue formalizado por el abogado Santiago Tomas Annuasi Castañon, quien aseguró que su cliente, Jorge Emilio Mangini, fue discriminado debido a su condición de hombre heterosexual.

La denuncia, que se presentó ante el Control Disciplinario de la Suprema Corte y la Secretaría de Jurado de Enjuiciamiento, pone en evidencia un patrón de decisiones cuestionadas por la defensa de Mangini.

Cabe recordar que, según indicó el portal La Plata 1, Rocca previamente había confesado que "no le importa si una denuncia es falsa para romper familias". Esta polémica declaración se suma a la controversia que la jueza enfrenta por sus actuaciones en casos dentro del fuero de familia, donde las decisiones de medidas cautelares se toman sin verificar la veracidad de las denuncias.

El caso que dio lugar a la denuncia comenzó el 30 de diciembre de 2024, cuando Rocca ordenó el secuestro de un arma registrada a nombre de Mangini, mientras este se encontraba fuera del país sin haber sido debidamente notificado. A lo largo del mes de enero de 2025, la jueza tomó medidas adicionales, como ordenar la expropiación de una propiedad familiar de Mangini en Punta Indio, que fue entregada a la denunciante, Úrsula Ludueña, pese a que ella no residía en el lugar y había vaciado la casa. La defensa de Mangini considera estas decisiones “infundadas e irrazonables” y advierte que están vulnerando el principio de inocencia.

Desidia judicial: La jueza Rocca en el centro de la controversia por su actitud frente a las denuncias

Según La Plata 1, un “Taller práctico sobre violencia económica y violencia simbólica” celebrado en La Plata puso de manifiesto la desidia con la cual se desenvuelve la jueza Rocca en casos de denuncias dentro del fuero de Familia. En el taller, Rocca respondió tajantemente a una consulta de una abogada sobre la necesidad de analizar los hechos antes de dictar medidas cautelares: “No hace falta”. La frase, que fue grabada, desató el asombro entre los asistentes, quienes señalaron que, en el fuero de familia, no se comprueba la veracidad de los hechos, sino que se toman medidas para “poner paños fríos” a los conflictos.

La jueza reiteró en varias ocasiones durante el taller que no es su tarea corroborar la veracidad de las denuncias, lo que deja en evidencia un patrón de decisiones basadas únicamente en la presentación de la denuncia, sin una investigación adecuada. Esta postura ha sido cuestionada por muchos, que alertan sobre los daños irreversibles que causan las medidas cautelares, como las restricciones de contacto, que pueden cortar vínculos parentales sin que se haya comprobado la veracidad de los hechos denunciados.

La crítica no se limita a este caso, ya que Rocca también ha sido señalada por su intervención en una causa donde una madre realizó una falsa denuncia de abuso y posteriormente se llevó ilegalmente a sus hijos a Brasil, lo que involucró a la Interpol. La postura de la jueza, al no verificar las denuncias, ha generado una creciente preocupación en el ámbito judicial y social, ya que se corre el riesgo de afectar a personas inocentes debido a decisiones apresuradas.

Esta actitud ha provocado comparaciones con otros casos polémicos y ha reavivado el debate sobre la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas de violencia con el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.