El concejal Nicolás Morzone, del bloque PRO, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local que busca modificar el Código de Convivencia Ciudadana para prohibir expresamente la participación de menores de 13 años en protestas de carácter político, sindical o social. La propuesta generó repercusiones inmediatas y promete un intenso debate en el recinto.

El texto, que propone incorporar los artículos 150° BIS, 150° TER y 151° BIS a la ordenanza 12.170, establece sanciones económicas tanto para los adultos responsables de los menores como para los organizadores de las manifestaciones donde se detecte su presencia. Además, incluye fuertes multas para los vehículos utilizados en movilizaciones ilegales que bloqueen la vía pública o estén mal estacionados, e incluso contempla el decomiso de los mismos y la inhabilitación de sus conductores por hasta dos años.

Según el concejal Morzone, el objetivo central de la iniciativa es “proteger la integridad psicofísica de los niños” y evitar que sean expuestos a contextos de riesgo como enfrentamientos, aglomeraciones o condiciones climáticas adversas. “Todo adulto responsable debe comprender el eventual peligro que conlleva la exposición de menores a este tipo de escenarios”, sostuvo en los fundamentos del proyecto.

El edil citó además a la Convención de los Derechos del Niño y documentos de UNICEF que alertan sobre los riesgos que enfrentan los menores en contextos de protesta, remarcando la responsabilidad del Estado y las familias en su protección.

El proyecto también apunta al orden público y al funcionamiento adecuado de los espacios urbanos. “No se busca impedir el legítimo derecho a la protesta, sino garantizar la seguridad de los niños y el respeto por el espacio público”, aclaró Morzone.

Los fondos recaudados por las multas, en caso de aprobarse la ordenanza, serían destinados al sistema educativo municipal y a políticas de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta ya generó reacciones entre organizaciones sociales y políticas, que advierten sobre una posible criminalización de la protesta y un avance sobre derechos constitucionales.

Se espera que en los próximos días el proyecto sea discutido en comisiones, donde comenzará a definirse su futuro dentro del Concejo.