El Concejo Deliberante de Berisso dejó en evidencia las tensiones políticas y los acuerdos por conveniencia que marcan la gestión local. En una jugada que generó repudio en varios sectores, una concejal que hasta hace poco integraba la oposición decidió pasarse al oficialismo —bajo el paraguas de Unión por la Patria— y con su voto facilitó que el concejal Ligari, denunciado por violencia, quedara al frente de la Comisión de Derechos Humanos.

La movida se dio en el marco de una distribución de comisiones completamente arbitraria, en la que el oficialismo, junto a sus bloques satélites, se quedó con el control absoluto de las principales áreas del Concejo: desde Medio Ambiente y Ecología hasta Tierra y Vivienda, encabezada ahora por Natalia Moracci.

La decisión de poner a Ligari al frente de Derechos Humanos fue calificada como "la frutilla del postre" por voces opositoras, que no solo cuestionan el reparto irregular sino también el fuerte contraste ético y político que implica designar a una persona denunciada por violencia en un área tan sensible.

Los bloques Juntos por el Diálogo Federal, Juntos y La Libertad Avanza – Todo por Argentina se abstuvieron en la votación de todas las comisiones en rechazo a esta maniobra, que consideran un atropello institucional.

La concejal que dio el giro político no ha explicado públicamente su decisión, pero desde la oposición aseguran que se trató de un acuerdo de conveniencia para asegurar cargos y espacios de poder dentro del armado oficialista.

Este escándalo abre interrogantes sobre la ética en la política local y pone en jaque la credibilidad del Concejo Deliberante, especialmente en temas tan sensibles como los Derechos Humanos.