La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras de Bitcoin vinculadas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis fue solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca responder una serie de 29 interrogantes surgidos durante la causa.
El trabajo quedó a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA, que realiza una verificación criptográfica sobre las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la Justicia. Según sostuvo el exfuncionario, esas billeteras registraron movimientos entre 2014 y 2018.
Uno de los objetivos centrales de la pericia es determinar qué tipo de direcciones fueron entregadas y establecer si se trataba de billeteras “en custodia” o de “autocustodia”. También se busca precisar desde cuándo existen esas direcciones y quién las generó.
Qué quiere saber la Fiscalía sobre las billeteras
Entre los interrogantes planteados por Pollicita aparece además la posibilidad de que las claves privadas hayan sido conservadas en soportes no electrónicos sin dejar rastros digitales, como ocurre con una paper wallet, modalidad a la que Adorni hizo referencia públicamente.
La investigación también se concentra en los 41 movimientos registrados en las billeteras.
Los peritos deberán establecer si esas operaciones pudieron ser realizadas por una misma persona o si participaron terceros. Además, se busca determinar quiénes tuvieron eventualmente el control de las direcciones y si la persona que actualmente posee las claves es la misma que las controlaba durante el período comprendido entre 2014 y 2018.
También investigan las reglas sobre criptomonedas
Otro de los puntos incluidos en el pedido fiscal está relacionado con el marco normativo vigente en Argentina durante esos años.
En particular, se solicitó información sobre las regulaciones que existían entre 2014 y 2018 respecto de las monedas virtuales y sobre el alcance que tenía la Resolución UIF 300/2014, vinculada con la prevención del lavado de activos y las operaciones con criptomonedas.
La Fiscalía también busca determinar si durante ese período existía algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o proveedores de servicios de activos virtuales.
A su vez, el análisis apunta a las operaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando Adorni afirmó haber liquidado sus activos. En ese punto, se busca establecer qué plazos mínimos de conservación de registros tenían las principales plataformas de intercambio en las jurisdicciones donde operaban.
Las pericias de la Policía Federal serán ahora una de las principales medidas para intentar reconstruir el historial de las billeteras, determinar quiénes tuvieron acceso a ellas y aportar elementos que permitan al fiscal avanzar en la investigación patrimonial.
