La funcionaria judicial Albertina Mangini recibió el beneficio del arresto domiciliario en la causa que investiga a una organización acusada de lavar activos por más de $27 mil millones. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, quien ordenó además el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico y estableció una serie de restricciones.
La decisión se produjo luego de un pedido presentado por abogados defensores. Según se explicó, las circunstancias incorporadas a la investigación después del dictado de la prisión preventiva permiten reemplazar esa medida por otra menos gravosa.
En su resolución, Crispo consideró que los elementos reunidos permiten presumir que los riesgos procesales que habían sido evaluados al momento de ordenar la prisión preventiva pueden ser controlados mediante el arresto domiciliario.
Entre los aspectos valorados por el juez aparecen las circunstancias personales de Mangini, la ausencia de antecedentes penales condenatorios y el hecho de que se encuentra desafectada de la función que desempeñaba, por lo que ya no tendría acceso a los recursos institucionales vinculados con ese cargo.
El arresto domiciliario se hará efectivo una vez que la resolución quede firme. Mangini deberá utilizar un dispositivo electrónico y tendrá prohibido mantener contacto, de manera directa o indirecta, con las víctimas, los testigos individualizados en la causa y los demás imputados.
La prohibición incluye encuentros personales, llamadas telefónicas, redes sociales, servicios de mensajería, medios electrónicos o cualquier comunicación realizada a través de terceros.
La acusación contra Mangini
Mangini fue detenida el 13 de agosto y permaneció alojada en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. Posteriormente, a mediados de septiembre, el juez Crispo había dictado su prisión preventiva a pedido de la fiscal Betina de Lacki.
La investigación apunta contra una presunta organización que habría captado a personas en situación de vulnerabilidad económica para obtener sus datos personales y biométricos mediante el escaneo del iris.
Según la acusación, esa información habría sido utilizada para abrir cuentas en plataformas y billeteras virtuales que posteriormente habrían ingresado al circuito investigado por el presunto lavado de dinero proveniente de casinos online clandestinos.
En ese marco, Mangini está imputada por delitos vinculados con asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado, de acuerdo con la investigación judicial.
El expediente sostiene que la funcionaria habría utilizado su posición como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata para entrar en contacto con personas bajo supervisión judicial o atravesando situaciones de vulnerabilidad.
La hipótesis de los investigadores es que esas personas recibían dinero a cambio de someterse al procedimiento de captura de datos biométricos. Una de las denuncias que dio origen a la investigación fue realizada por una empleada de limpieza del Patronato de Liberados, quien aseguró que le habían ofrecido $80.000 por el escaneo de sus ojos, aunque finalmente habría recibido $40.000.
Los allanamientos y los elementos secuestrados
La causa también derivó en una serie de allanamientos realizados en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, en la provincia de Córdoba.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, posnet y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.
También se incautaron $2.787.440, 3.300 dólares, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, además de un automóvil de alta gama y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
Junto con Mangini fueron investigados Ignacio Marchioni y Mauro Perrotta, en el marco del expediente que analiza el funcionamiento de la presunta estructura financiera.
La investigación continúa mientras la Justicia analiza la documentación, los dispositivos y el resto de las pruebas incorporadas al expediente para determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los imputados.
