Una grave denuncia ambiental sacude a La Matanza. Vecinos aseguran que hay niños y adultos con cáncer de pulmón, denuncian amenazas y apuntan contra el poder político y judicial. El nombre del padre de la corrupta que cobra de sueldo más de 20 millones, Verónica Magario aparece vinculado a una habilitación industrial bajo la lupa.
Un verdadero escándalo ambiental y político rodea a la fábrica Sika Klaukol, ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde vecinos del barrio Las Mercedes denuncian desde hace años enfermedades respiratorias, internaciones y casos de cáncer de pulmón que atribuyen a la contaminación industrial.
Según información exclusiva recibida por Diario Gran Argentina, entre los afectados habría menores de edad con cáncer de pulmón, además de adultos que sufrieron neumonías, taquicardias y dificultades respiratorias que habrían requerido asistencia hospitalaria y respiradores. Sin embargo, la relación directa entre estas enfermedades y la actividad industrial todavía debe ser acreditada mediante estudios médicos y ambientales.
Pero detrás de esta pesadilla sanitaria aparece una trama política que genera fuertes cuestionamientos. El supuesto violador Fernando Espinoza y Raúl Magario, padre de la corruptisima vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, quedaron bajo la lupa por las autorizaciones y controles de una industria de tercera categoría, clasificación que exige mayores medidas de protección ambiental.
Publicaciones anteriores señalaron que Raúl Magario, quien desempeñó funciones municipales vinculadas al área industrial, habría firmado una resolución administrativa relacionada con Klaukol. La documentación original resulta fundamental para establecer el alcance de su intervención y determinar qué funcionarios autorizaron el funcionamiento del establecimiento.
La polémica también golpea de lleno a la Justicia. Según información exclusiva acercada a este medio, el abogado de una menor diagnosticada con cáncer de pulmón habría presentado un recurso de amparo para proteger su salud frente a la contaminación denunciada. Los denunciantes aseguran que la presentación fue rechazada en apenas una semana, una velocidad que consideran escandalosa por la gravedad del caso.
La magistrada vinculada a ese rechazo está actualmente sometida a un jury por presuntas irregularidades. Tanto el plazo exacto de resolución como la existencia y el estado del supuesto enjuiciamiento requieren corroboración documental.
Existe, asimismo, un antecedente judicial confirmado de 2025: una familia cuya hija padecía severas crisis asmáticas presentó un amparo ambiental contra Parex Klaukol. El Tribunal del Trabajo N.º 1 de La Matanza rechazó inicialmente la acción, pero la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial revocó esa decisión y permitió continuar el proceso. No está establecido que se trate del mismo expediente que involucra a la menor con cáncer mencionada en la denuncia exclusiva.
En medio de esta controversia también aparece Juliana Salvucci, identificada en la información recibida por Diario Gran Argentina como presunta abogada de la empresa Klaukol. Su intervención concreta en los expedientes judiciales está pendiente de verificación.
Como si las denuncias sanitarias no fueran suficientes, los vecinos aseguran que quienes se organizan para protestar también sufrirían intimidaciones. La referente Susana Aranda ha denunciado amenazas, hostigamiento y presiones vinculadas con su lucha contra la fábrica. Según los testimonios recibidos, algunas de esas intimidaciones habrían tenido como objetivo desalentar las manifestaciones contra la gestión municipal.
Los denunciantes sospechan de una presunta protección política y judicial a la empresa y apuntan contra la administración de Espinoza y el gobierno provincial de Axel Kicillof. Sin embargo, las acusaciones de corrupción, amenazas y connivencia judicial necesitan pruebas específicas que permitan establecer responsabilidades.
Mientras tanto, las familias continúan reclamando explicaciones. La empresa ha rechazado públicamente acusaciones sobre la peligrosidad de sus emisiones, pero los vecinos insisten en que los controles y las respuestas estatales han sido insuficientes.
Diario Gran Argentina profundizará esta investigación con documentación sobre las habilitaciones industriales, la intervención de Raúl Magario, las actuaciones judiciales y las denuncias que involucran a funcionarios públicos. También buscará esclarecer las presentaciones de amparo, el supuesto jury y las amenazas denunciadas por los habitantes de Las Mercedes.
Porque después de tantos años de reclamos, la pregunta sigue abierta: ¿quién se hace responsable de la salud de los niños y las familias que viven alrededor de Klaukol?
SEMANA A SEMANA TE IREMOS CONTANDO EN DIARIO GRAN ARGENTINA, COMO SE MANEJAN CON IMPUNIDAD ESPINOZA, LOS MAGARIO, Y LA JUSTICIA.
