La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes entre manifestantes y efectivos de la Gendarmería en las inmediaciones del Congreso. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a las personas que participaban de la movilización.
La protesta reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada posteriormente por el Congreso. Según los primeros relatos, los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas encapuchadas rompió bancos y arrojó piedras, lo que motivó la intervención de los efectivos.
En medio de la tensión, el camión hidrante llegó a la zona de Rivadavia y Entre Ríos, mientras parte de la multitud se dispersaba y algunos manifestantes buscaban refugio. También hubo quienes denunciaron la presencia de supuestos infiltrados y sostuvieron que la movilización había comenzado de manera pacífica.
“Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, expresó un joven que viajó desde La Plata en declaraciones a Todo Noticias (TN).
Pese a los incidentes, el acto central continuó según lo previsto, con discursos de representantes gremiales y del sector educativo. Mientras se desarrollaban las intervenciones, algunos manifestantes se retiraban de la zona para resguardarse.
Salarios y financiamiento, en el centro del reclamo
La discusión salarial es uno de los principales ejes de la protesta. En las últimas negociaciones, el Gobierno nacional ofreció un aumento del 3% para el sector, una propuesta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Según las representaciones sindicales, el cumplimiento del fallo judicial que ordena actualizar los salarios permitiría una recomposición del 33,4%.
El reclamo también apunta al Presupuesto 2027. El Ejecutivo prevé destinar $7,3 billones a las universidades públicas, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitan alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema y contemplar la aplicación de la ley.
Por su parte, la Federación Universitaria Argentina (FUA) reclama fondos para becas, salarios dignos y el sostenimiento de la educación pública.
