La Justicia federal dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas.
La resolución fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó el cumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente, pese a las intimaciones realizadas durante septiembre.
El reclamo está relacionado con la actualización de los salarios de docentes y no docentes, los fondos destinados a becas estudiantiles y los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) viene reclamando que se cumpla con la normativa de financiamiento.
Según la resolución, la multa comenzará en $100.000 por día. El magistrado advirtió que tanto el monto de la sanción como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.
El expediente había sumado un nuevo capítulo el 22 de septiembre, cuando el magistrado intimó al Gobierno nacional a cumplir con lo dispuesto en un plazo de cinco días. Ante la falta de acreditación de los pagos correspondientes, Cormick hizo efectivo el apercibimiento que había anunciado el 30 de septiembre.
La administración de Milei había apelado el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual se buscó dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el juez sostuvo que la medida cautelar continúa vigente y debe cumplirse mientras no se disponga lo contrario, independientemente de los recursos presentados por el Ejecutivo.
La sanción se suma a la disputa judicial por los fondos destinados a las universidades públicas, en un contexto de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el financiamiento de las becas y los recursos para sostener la actividad académica.
De persistir el incumplimiento, la Justicia podría incrementar la multa y extender las sanciones a otros funcionarios responsables.
Fuente: LaPlata1.
