La Agrupación Peronista Bonaerense cuestionó la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada mediante el DNU 70/2023 y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar la eliminación de los límites para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.
La Agrupación Peronista Bonaerense (APeBo) difundió un duro comunicado en el que expresó su preocupación por el régimen que permite la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
El pronunciamiento aparece después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que entre sus disposiciones establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales.
Desde APeBo sostuvieron que la eliminación de esas restricciones representa un riesgo para la soberanía nacional y plantearon que el dominio territorial constituye uno de los elementos centrales para la existencia de una Nación independiente.
La agrupación aseguró que permitir una mayor participación de capitales o particulares extranjeros sobre el territorio podría comprometer, desde su perspectiva, intereses estratégicos de la Argentina.
En el documento también cuestionaron directamente al Poder Ejecutivo por la inclusión de la derogación de la Ley de Tierras dentro del DNU 70/2023 y responsabilizaron al Congreso por no haber dejado definitivamente sin efecto esa disposición.
APeBo utilizó además términos especialmente duros contra el Gobierno nacional y llegó a plantear que determinadas decisiones podrían ser consideradas, según la interpretación de la propia organización, contrarias a los intereses nacionales.
Las críticas alcanzaron también a la Corte Suprema luego de su reciente intervención en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación de la Ley de Tierras. La Corte consideró que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para impulsar esa acción judicial y, por esa razón procesal, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Posteriormente, el propio tribunal aclaró que otros planteos judiciales contra el régimen podrían continuar.
El efecto inmediato de la resolución fue que volviera a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 y, con él, la derogación de las restricciones establecidas por la Ley 26.737.
Para APeBo, el escenario constituye una señal de alarma. La organización consideró que existe una creciente distancia entre las decisiones adoptadas por las instituciones nacionales y lo que define como los intereses soberanos del pueblo argentino.
“Sin territorio custodiado, no hay posibilidad de la existencia de un Pueblo Libre y Feliz”, manifestó la agrupación en uno de los tramos centrales del comunicado.
El Consejo Directivo de APeBo cerró el documento reclamando una reacción política frente a este escenario y sostuvo que la situación únicamente podría revertirse mediante dirigentes que, según expresó la organización, prioricen la defensa del territorio y de la soberanía argentina.
